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Hace un par de años, todos conseguíamos los teléfonos móviles por nuestra compañía de teléfono que nos “regalaba” uno con el trámite y el comienzo de un contrato de 12 o 18 meses. ¿Por qué realizaban estas prácticas las operadoras de móviles? Todo por una simple y única razón: era rentable. Además de fidelizar al cliente con este contrato, añadían un obstáculo más que era el código con bloqueo al terminal. De esta forma, el cliente no tendría la posibilidad de cambiar de compañía con ese mismo terminal. Pero, uno de los derechos del consumidor es que la operadora tiene la obligación de proporcionarte las herramientas para liberar el móvil una vez pasado el periodo de permanencia obligatorio estipulado en el contrato.
Hay que cumplir los compromisos con el operador
Se entiende por un móvil bloqueado aquel que adquirimos al firmar un contrato de telefonía con una operadora y que por la instalación de determinados programas sólo puede funcionar con esta empresa de telecomunicaciones, pero no con otras. Esto impide que tengamos más de una tarjeta SIM de distintas operadoras y las usemos en el terminal con libertad. El caso es en especial molesto cuando una de las SIM pertenece a otro país y la usamos para evitar las elevadas tarifas del roaming de datos.
Pero estos bloqueos no deberían suceder, sino que los móviles tendrían que ser entregados al usuario liberados y estar disponibles para trabajar con tantas operadoras como queramos. Sin embargo, el derecho a la liberación no implica que no debamos acatar el periodo de permanencia con la compañía cuando compremos un teléfono subvencionado y firmemos un contrato. Por lo tanto, si nos disponemos a romperlo, debemos pagar sanciones proporcionales que compensen el precio del aparato que nos ha sido cedido.
En el caso de la financiación a plazos, que además suele hacerse con una institución bancaria asociada pero independiente de la operadora, el móvil es desde el principio nuestro, esté o no liberado. Por tanto, debemos pagar los plazos correspondientes con independencia de la operadora con la que estemos, ya hayamos cambiado o sigamos con la misma. El que un terminal financiado no se ofrezca liberado es algo difícil de entiender, si no es porque la financiación con la entidad asociada con la operadora nos ofrece menores intereses, algo que, sin embargo, en ocasiones no ocurre.
Un obstáculo a la libertad del usuario
De hecho, en estos casos hay todavía más razón para que nos entreguen un móvil liberado, pero no sucede así, pues el bloqueo es siempre un impedimento para que el cliente cambie de operadora. De este modo, se obstaculiza la libertad del usuario para escoger la compañía de telecomunicaciones de la que quiere servirse y se intenta retenerle el máximo de tiempo posible.
En el caso de Telefónica, uno de los cuatro operadores de referencia del país, se entrega un terminal bloqueado, pero la liberación puede ser solicitada de inmediato, aunque tendrá lugar a partir del primer mes. La razón es que la compañía esperará a recibir los primeros recibos cobrados para asegurarse de que el usuario es solvente.
No obstante, en la tienda comercializadora no nos podrán liberar el móvil. Para ello, debemos llamar al teléfono de atención al cliente de Telefónica -o al que nos ofrezcan en el establecimiento- y solicitar la liberación. El problema es que por este método dependemos demasiado de la buena voluntad del operador con que nos encontremos, que puede querer evitar que liberemos el teléfono si tiene órdenes de superiores; puede conseguirlo con tretas como pasarnos al técnico equivocado, tenernos en espera largos periodos de tiempo o decirnos que ha realizado la gestión pero que los servidores se han caído. En definitiva, la liberación del móvil se puede prolongar más de lo deseado.
Liberación bajo pago
En lo que respecta a las otras tres compañías líderes del sector, las gestiones también se pueden realizar, pero además de difíciles resultan costosas.
En Vodafone se inventan un término, al que llaman «trámite de código», gracias al cual cobran seis euros por la liberación. Desde la empresa alegan, ante las quejas de los usuarios por este cobro, que la ley, si bien les obliga a liberar los móviles, no les impide cobrar por ello.
En Orange, el precio de la liberación del móvil sube hasta 10,89 euros, si el terminal es de contrato mensual y ya ha finalizado el compromiso de permanencia. De lo contrario, puede alcanzar los 25 euros. Si el móvil funciona con una tarjeta de prepago, Orange cobra 6,09 euros por su liberación. Actitudes como las de estas dos operadoras son denunciables ante los órganos de consumo estatales y autonómicos, rellenando ciertos formularios.
Yoigo, que nunca ha subvencionado teléfonos, facilita en cambio la liberación de los que pertenezcan a usuarios que quieran hacer tratos con la compañía, es decir, que vengan de otras operadoras. Pero externaliza la liberación a una tercera empresa, DoctorSIM, que cobra entre 10 y 20 euros según el modelo de móvil.
En el caso de adquirir un móvil subvencionado por la compañía operadora o financiado a plazos, tenemos los derechos a tener un móvil liberado y a cambiar de compañía. Según la ley, el consumidor tiene derecho a cambiarse de compañía sin más y el bloqueo de terminales que usamos es ilegal y sancionable. Se aconseja que se denuncie esta situación antes los órganos de consumo de telecomunicaciones.
